A PROPÓSITO DE
LA CRISIS DE AUTORIDAD
Sigifredo
Orbegoso V.
Cuando sostenemos – no ahora
sino hace tiempo – que en el Perú existe una “Penosa crisis de Autoridad”,
sabemos que algunos no comparten la idea y otros se sienten aludidos. En cualquiera
de los casos es una tesis que democráticamente la podemos discutir. Si se
demuestra que estamos equivocados y cuál es la valedera en buena hora por el
bien del país y de nuestras ciudades.
Tres cosas se necesitan para
la buena marcha de una colectividad organizada en un Estado: Una Estructura
Institucional, un Sistema de normas jurídicas, y Autoridades. Cuando las tres
funcionan en forma idónea no habrá problemas de convivencia pacífica de la
colectividad.
Mal que bien nosotros
tenemos normas e instituciones. Pero
¿qué pasa con las personas que en esas instituciones ejercen el rol de
“Autoridades” con funciones asignadas por ley? ¿Las cumplen y las hacen
cumplir?
De acuerdo al ejemplo que
pusimos en nuestro comentario anterior: “El tránsito vehicular”, podemos reiterar
que tenemos un Reglamento Nacional de Tránsito con normas que son
internacionales y que en otros países se cumplen ¿por qué no en el nuestro? ¿De
quién depende? ¿Por qué en muchas
ciudades nuestras existen por ejemplo esas gibas llamadas agresivamente
“rompemuelles” que se han sembrado a diestra y siniestra, sin ton ni son, en
algunos casos cada 50 mt. y pésimamente construidas a propósito para dañar a
los vehículos? ¿Quién responde por estos daños o por los accidentes fatales que
han causado? En otros países hasta existen abogados especialistas para cobrar
indemnizaciones a la autoridad responsable.
De acuerdo al
Reglamento señalado esas elevaciones se llaman “resaltos” y son “excepcionales”.
No deben medir más 5 ctms. Tener forma adecuada y estar precedidas de una señal que la anuncie 50 mt. antes. ¿Se
cumple con estas normas? No ¿Por quién? Por las autoridades pues. Un estudio
publicado hace algún tiempo por “El Comercio”, en el caso de Lima, demostró que
el 64% de estos estrambóticos obstáculos viales eral “Ilegales”. Es decir, cada
hijo de vecino le daba la gana ponía “su”
rompemuelles en su calle sabiendo que nadie le dirá nada, menos lo sancionará.
En la publicación indicada expertos y técnicos
explicaban los daños que causaban estos obstáculos a los automotores así como
gastos extras en combustible, pérdida de tiempo, etc. sin ningún beneficio
significativo salvo en los casos reglamentarios.
Cuando en algunas ciudades
latinoamericanas como las nuestras, en más de una oportunidad he alabado sus
pistas añadiendo: “y lo bueno que no tienen rompemuelles”, el conductor de mi
movilidad me decía: “Qué es eso señor”. Yo le explicaba cómo eran. Entonces me
replicaba: “Y usted de dónde es”. Le respondía: “Del Perú”, mirando a otro
lado. (Capítulo aparte merece el
problema de las “Tranqueras” por las que se han apropiado de la vía pública,
convirtiendo las calles en sus garajes, en sus patios para que jueguen sus
hijos, o condominios, en grave transgresión de la Constitución y las leyes contra
la libertad de circulación. Las autoridades, bien gracias.)
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